El VIII Congreso Mundial de CGLU, celebrado en Tánger del 22 al 25 de junio de 2026, reunió a más de 2.440 participantes de 94 países para renovar el mandato político de la organización y avanzar en la implementación de la Coalición Social Local. Durante el encuentro, el Consejo Mundial aprobó el Documento Final de Tánger como marco político compartido para el mandato 2026-2029 y encargó su integración en el programa de trabajo de la organización.

Aunque la transformación digital no constituyó un eje autónomo del Congreso, forma parte de una agenda más amplia de derechos, servicios públicos universales y democracia local. La orientación es clara: la digitalización debe contribuir a la dignidad, la igualdad y el bienestar de las comunidades.

Los derechos digitales, entre los nuevos elementos esenciales

El Documento Final de Tánger incluye los derechos digitales y la gobernanza democrática de la inteligencia artificial entre los “nuevos elementos esenciales”. Este concepto reúne los bienes y servicios necesarios para sostener la vida cotidiana: desde el agua, la salud, la educación y la energía hasta los cuidados, los derechos culturales, la resiliencia climática y el entorno digital.

El texto propone reconocerlos como derechos universales, bienes públicos y bienes comunes, y avanzar hacia un acceso universal, asequible, accesible y no discriminatorio, especialmente para las personas y comunidades que afrontan exclusiones estructurales.

Para los gobiernos locales y regionales, esta perspectiva implica valorar los servicios digitales no solo por su eficiencia o utilización, sino también por su capacidad para garantizar derechos, eliminar barreras y evitar nuevas desigualdades.

IA y datos al servicio del valor público

El Compromiso de Tánger advierte de que una transformación digital sin suficiente supervisión democrática puede alimentar nuevas formas de exclusión, vigilancia, desinformación y fragmentación. Frente a estos riesgos, plantea tres transiciones:

• de la extracción de valor por las plataformas a la innovación municipal;
• de la extracción de datos a los datos como bien común;
• de una tecnología centrada en el lucro a una inteligencia artificial centrada en las personas y gobernada democráticamente.

Los datos y la inteligencia artificial afectan al acceso a los servicios, la información, la participación y las oportunidades. Por ello, gobernarlos democráticamente requiere capacidades públicas, salvaguardias y marcos de interés público que permitan orientar su uso, supervisar sus efectos y reforzar la rendición de cuentas.

 Innovar con propósito y aprender entre territorios

Los resultados de Tánger también vinculan la innovación con la mejora de los servicios públicos locales. El Congreso respaldó una mayor cooperación y la creación de coaliciones para impulsar soluciones locales innovadoras. Asimismo, apoyó un mecanismo global destinado a facilitar su identificación, financiación y adaptación a distintos territorios.

La innovación se entiende así como un medio para ampliar derechos y responder a las necesidades de las comunidades, no como un objetivo independiente. Esta visión reconoce el valor del aprendizaje entre pares, pero también la necesidad de adaptar las soluciones a las capacidades institucionales, prioridades públicas y realidades sociales de cada territorio.

Para avanzar, las ciudades deberán reforzar la colaboración entre gobiernos locales y regionales, comunidades, sociedad civil, trabajadores públicos, instituciones del conocimiento y socios internacionales.

De adoptar tecnología a gobernarla democráticamente

Tánger no establece una estrategia integral de ciudades digitales ni adopta la “ciudad inteligente” como marco político. Su aportación es integrar la transformación digital en la Coalición Social Local y vincularla con los derechos humanos, los servicios públicos universales, la igualdad y la rendición de cuentas.

El debate se desplaza así desde qué tecnologías incorporar hacia qué finalidades deben perseguir, bajo qué condiciones deben utilizarse y cómo deben gobernarse sus impactos.

Los derechos digitales, los datos como bien común, la inteligencia artificial centrada en las personas y la innovación municipal configuran un horizonte compartido: una transformación digital capaz de proteger derechos, reforzar los cuidados y generar valor público.

Para la comunidad de CGLU Digital Cities, el Compromiso de Tánger ofrece una orientación política relevante. La digitalización no es un fin en sí mismo. Su valor dependerá de su capacidad para mejorar la vida cotidiana y contribuir a unos servicios públicos locales más accesibles, democráticos y próximos.